¿Otras constituciones?

 

¿Otras constituciones?

     Algunas minorías sociales suman fuerzas dispares contra el Estado sostenido en la constitución democrática de 1978, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de ese año. En un escenario donde la mayoría ciudadana no milita en favor de la ley fundamental española, aunque la apoye, las fuerzas políticas contrarias a la constitución vigente alcanzan a ver un horizonte de ruptura del sistema político actual. La Historia ha  registrado episodios similares y nos dice que cualquiera de las diversas posibilidades pudiera llegar a realizarse, independiente de su valor final para los que la hayan vivido. Y cuando se plantea el posible cambio de régimen político deberíamos contemplar qué situaciones atravesaríamos en España, cómo se desarrollarían los conflictos provocados, y quiénes serían los líderes capaces de gestionar el proceso y el resultado de la desaparición o la continuidad del sistema legal establecido. 

    La Constitución Española prevé en su artículo 168 la revisión total o parcial de la norma principal que rige el Estado. Permite un procedimiento democrático para todo el espacio de soberanía nacional, el conformado por el conjunto de los ciudadanos de nacionalidad española, que empezaría  con la aprobación del principio del proceso de cambio constitucional, total o de los títulos sobre derechos y deberes fundamentales y la corona, por dos tercios de las Cortes Generales. Daría paso a su disolución inmediata y la celebración de nuevas elecciones generales para constituir un nuevo parlamento; éste deberá ratificar la decisión de cambiar la constitución y elaborar un nuevo texto constitucional, el cual deberá ser aprobado por dos tercios de ambas cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, la nueva Constitución Española sería sometida a referéndum de todos los ciudadanos para su ratificación. Tendríamos así la nueva constitución aprobada por el pueblo para España, o bien, de rechazarse dicho refrendo, el mantenimiento de la actual. Este sería el proceso que tendrían que proponer y dirigir los líderes políticos actuales y sus partidos si asumen la sustitución de la actual constitución por vías pacíficas y democráticas, y ante ello tendríamos que tomar postura nosotros los ciudadanos.

    El Congreso de los Diputados y el Senado constituidos en la actualidad pueden iniciar cuando lo acuerden el procedimiento de cambio constitucional total o parcial, sin mas límites que los establecidos en la propia Constitución en los artículos que regulan su cambio. Hasta la fecha, ningún partido con presencia parlamentaria ha propuesto esa iniciativa en alguna de las 14 legislaturas desarrolladas desde el año 1979. Podemos preguntarnos cómo gestionarían hoy este proceso democrático de tres fases los líderes políticos que vienen declarando públicamente su rechazo a la constitución vigente, y también los líderes políticos que defienden su continuidad. 

     La experiencia contemporánea internacional mantiene episodios de separatismo y de irredentismo abiertos en diversos países. Cambios políticos  enfrentados a sus leyes constitucionales vigentes, donde aparecen nuevos Estados o donde aquellos viven movimientos que rompen su sostenibilidad; manteniéndose conflictos no resueltos durante decenios, con enfrentamientos armados y civiles sin solución constitucional. En España podría darse, de nuevo, que unos parlamentos autonómicos, sin derechos legales para hacerlo, declararan un proceso separatista de independencia rompiendo la vigencia de la Constitución Española y negando la  residencia de la soberanía nacional en el pueblo español como sujeto político de la misma, del que emanan los poderes del Estado, tal como establece su artículo 1. En esos momentos se pondría a prueba  una constitución que desde 1978 viene siendo la ley fundamental de nuestro Estado, concretando los derechos y libertades de los ciudadanos y delimitando los poderes e instituciones. Y dos son los escenarios de salida: obligar y aplicar la vigencia del marco constitucional y sus leyes a quienes lo incumplen; o bien, permitir el desarrollo de  procesos anticonstitucionales que harían colapsar el statu quo del sistema democrático existente, conllevando la desaparición  de facto del actual  Estado. En ambas situaciones corresponde al gobierno central y a las instituciones más altas del Estado afrontar los conflictos, suscitar el apoyo de los partidos políticos defensores de la Constitución y su legalidad, y gestionar la respuesta a los movimientos populares que reaccionaran a favor y en contra de esta rebelión. La conducta de los líderes y partidos políticos actuales se encontrará ante el dilema del futuro político, expresado en el título preliminar constitucional, sobre el que asentar un estado social y democrático de derecho.

    Un escenario de colapso general, deseado con más o menos convicción en las declaraciones de las minorías políticas antisistema presentes en las Cortes Generales, se daría cuando se fuera más allá  de la propaganda política y en el parlamento español una mayoría no cualificada de diputados, pero sustentada en una votación de la mayoría informal de partidos parlamentarios, se pronunciara a favor de la derogación de la Constitución y el paso a una o varias repúblicas en el territorio sujeto a la soberanía nacional actual. En un proceso parejo al supuesto con las comunidades autónomas, el conflicto ya no seguiría la  norma constitucional ni las formas democráticas legales. Sería un cara o cruz del Estado que conocemos desde las Cortes de Cádiz de 1812. Podemos preguntarnos entonces qué haría  efectivamente en dicha situación cada partido con vocación de liderazgo  para el conjunto social de la España actual, y cada uno de los  partidos que actúan solo en alguna de las denominadas nacionalidades y regiones que ampara nuestra Constitución Española.

    La posición explícita de los distintos partidos legalmente constituidos en la actualidad, su presencia y actuación desigual, su intención de cumplir o no los procedimientos legales y constitucionales, la reformulación de los derechos y deberes ciudadanos ante las nuevas generaciones, el grado de apoyo a las respuestas del gobierno central o la jefatura del Estado para afrontar los distintos conflictos, las movilizaciones ciudadanas en favor y en contra de los distintos pronunciamientos, el nivel de violencia capaz de ser asumido o soportado por el pueblo soberano; son todos factores que pondrían a prueba el liderazgo de los dirigentes políticos de las distintas fuerzas organizadas, su capacidad para mantener una ruta de salida exitosa en este panorama, y su pericia para gestionar una solución colectiva en un marco soportable con la actual u otras constituciones. Me pregunto qué cara les ponemos a los actores principales de esta aventura social posible,  quiénes son los líderes que sabrían responder a estos retos, y si tendrían capacidad para entenderse y acordar desde la divergencia de sus ideologías una continuidad  del sistema democrático y de la convivencia de todos los pueblos y las tierras de España; al menos en la media de logros alcanzados en estos cuarenta y ocho años con la herramienta política que construyeron los líderes padres de la Constitución Española de 1978.

¿Otras constituciones?  Panfleto analógico para demócratas activos

© Luis E. García-Riestra

© Fotografía de Arturo Joaquín