Panfleto primario
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| ¿Otras constituciones? |
La Constitución Española prevé en su artículo 168 la revisión total o parcial de la norma principal que rige el Estado. Permite un procedimiento democrático para todo el espacio de soberanía nacional, el conformado por el conjunto de los ciudadanos de nacionalidad española, que empezaría con la aprobación del principio del proceso de cambio constitucional, total o de los títulos sobre derechos y deberes fundamentales y la corona, por dos tercios de las Cortes Generales. Daría paso a su disolución inmediata y la celebración de nuevas elecciones generales para constituir un nuevo parlamento; éste deberá ratificar la decisión de cambiar la constitución y elaborar un nuevo texto constitucional, el cual deberá ser aprobado por dos tercios de ambas cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, la nueva Constitución Española sería sometida a referéndum de todos los ciudadanos para su ratificación. Tendríamos así la nueva constitución aprobada por el pueblo para España, o bien, de rechazarse dicho refrendo, el mantenimiento de la actual. Este sería el proceso que tendrían que proponer y dirigir los líderes políticos actuales y sus partidos si asumen la sustitución de la actual constitución por vías pacíficas y democráticas, y ante ello tendríamos que tomar postura nosotros los ciudadanos.
El Congreso de los Diputados y el Senado constituidos en la actualidad pueden iniciar cuando lo acuerden el procedimiento de cambio constitucional total o parcial, sin mas límites que los establecidos en la propia Constitución en los artículos que regulan su cambio. Hasta la fecha, ningún partido con presencia parlamentaria ha propuesto esa iniciativa en alguna de las 14 legislaturas desarrolladas desde el año 1979. Podemos preguntarnos cómo gestionarían hoy este proceso democrático de tres fases los líderes políticos que vienen declarando públicamente su rechazo a la constitución vigente, y también los líderes políticos que defienden su continuidad.La experiencia contemporánea internacional mantiene episodios de separatismo y de irredentismo abiertos en diversos países. Cambios políticos enfrentados a sus leyes constitucionales vigentes, donde aparecen nuevos Estados o donde aquellos viven movimientos que rompen su sostenibilidad; manteniéndose conflictos no resueltos durante decenios, con enfrentamientos armados y civiles sin solución constitucional. En España podría darse, de nuevo, que unos parlamentos autonómicos, sin derechos legales para hacerlo, declararan un proceso separatista de independencia rompiendo la vigencia de la Constitución Española y negando la residencia de la soberanía nacional en el pueblo español como sujeto político de la misma, del que emanan los poderes del Estado, tal como establece su artículo 1. En esos momentos se pondría a prueba una constitución que desde 1978 viene siendo la ley fundamental de nuestro Estado, concretando los derechos y libertades de los ciudadanos y delimitando los poderes e instituciones. Y dos son los escenarios de salida: obligar y aplicar la vigencia del marco constitucional y sus leyes a quienes lo incumplen; o bien, permitir el desarrollo de procesos anticonstitucionales que harían colapsar el statu quo del sistema democrático existente, conllevando la desaparición de facto del actual Estado. En ambas situaciones corresponde al gobierno central y a las instituciones más altas del Estado afrontar los conflictos, suscitar el apoyo de los partidos políticos defensores de la Constitución y su legalidad, y gestionar la respuesta a los movimientos populares que reaccionaran a favor y en contra de esta rebelión. La conducta de los líderes y partidos políticos actuales se encontrará ante el dilema del futuro político, expresado en el título preliminar constitucional, sobre el que asentar un estado social y democrático de derecho.
Un escenario de colapso general, deseado con más o menos convicción en las declaraciones de las minorías políticas antisistema presentes en las Cortes Generales, se daría cuando se fuera más allá de la propaganda política y en el parlamento español una mayoría no cualificada de diputados, pero sustentada en una votación de la mayoría informal de partidos parlamentarios, se pronunciara a favor de la derogación de la Constitución y el paso a una o varias repúblicas en el territorio sujeto a la soberanía nacional actual. En un proceso parejo al supuesto con las comunidades autónomas, el conflicto ya no seguiría la norma constitucional ni las formas democráticas legales. Sería un cara o cruz del Estado que conocemos desde las Cortes de Cádiz de 1812. Podemos preguntarnos entonces qué haría efectivamente en dicha situación cada partido con vocación de liderazgo para el conjunto social de la España actual, y cada uno de los partidos que actúan solo en alguna de las denominadas nacionalidades y regiones que ampara nuestra Constitución Española.
La posición explícita de los distintos partidos legalmente constituidos en la actualidad, su presencia y actuación desigual, su intención de cumplir o no los procedimientos legales y constitucionales, el refuerzo de los derechos y deberes ciudadanos en las nuevas generaciones, el grado de apoyo a las respuestas del gobierno central o la jefatura del Estado para afrontar los distintos conflictos, las movilizaciones ciudadanas en favor y en contra de los distintos pronunciamientos, el nivel de violencia capaz de ser asumido o soportado por el pueblo soberano; son todos factores que pondrían a prueba el liderazgo de los dirigentes políticos de las distintas fuerzas organizadas, su capacidad para mantener una ruta de salida exitosa en este panorama, y su pericia para gestionar una solución colectiva en un marco soportable con la actual u otras constituciones. Me pregunto qué cara les ponemos a los actores principales de esta aventura social posible, quiénes son los líderes que sabrían responder a estos retos, y si tendrían capacidad para entenderse y acordar desde la divergencia de sus ideologías una continuidad del sistema democrático y de la convivencia de todos los pueblos y las tierras de España; al menos en la media de logros alcanzados durante estos cuarenta y ocho años con la herramienta política que construyeron los líderes padres de la Constitución Española de 1978.
¿Otras constituciones? Panfleto primario para demócratas activos
-La democracia no es solo un texto, es una voluntad compartida:
ResponderEliminarHe leído con detenimiento tu reflexión sobre la vigencia de nuestra norma fundamental. Coincido en que la Constitución de 1978 ha sido la herramienta de convivencia más exitosa de nuestra historia contemporánea. Sin embargo, tu análisis plantea un dilema que debe responderse desde la misma "democracia activa" que invocas.
Es cierto que el artículo 168 marca el camino de la reforma, pero también es cierto que su extrema rigidez ha generado un efecto paradójico: al ser casi imposible de aplicar en el clima de polarización actual, empuja a las fuerzas críticas hacia la periferia del sistema o hacia la tentación de la ruptura. La pregunta que debemos hacernos no es solo qué harían los líderes ante un colapso, sino por qué hemos dejado que el cauce legal se oxide hasta parecer impracticable.
Apelas a la pericia de los líderes, pero el liderazgo no nace en el vacío. Los líderes de la Transición pudieron acordar porque la sociedad española de entonces tenía un mandato claro: "nunca más una guerra". Hoy, el reto es distinto. El desafío actual de nuestros dirigentes no es solo defender la letra de la ley, sino actualizar el contrato social para que las nuevas generaciones, que no votaron aquel texto, lo sientan como propio y no como una imposición del pasado. El escenario de "cara o cruz" es en efecto, temible.
Pero la solución no pasa solo por aplicar la vigencia del marco constitucional con firmeza, sino por dotar a ese marco de una vitalidad renovada. Una Constitución que se percibe solo como un muro de contención termina por agrietarse; una que se percibe como una casa común, se defiende sola.
La "aventura social" a la que nos enfrentamos requiere, efectivamente, de líderes capaces de entenderse en la divergencia. Pero requiere, sobre todo, de una ciudadanía que exija que la reforma sea el motor de la continuidad, y no su enemigo.
-El papel de las autonomías: ¿Puente o barrera?
En tu contestación, podrías argumentar que el Estado de las Autonomías fue la gran solución imaginativa de 1978, pero que hoy necesita una "puesta a punto".
• De la descentralización a la lealtad federal: En tu escrito manifiestas temer al separatismo como causa de colapso. Tu respuesta puede proponer que el problema no es la autonomía en sí, sino la falta de mecanismos de lealtad institucional. El liderazgo actual debería pasar del enfrentamiento entre bloques a una cultura federal donde las comunidades no solo gestionen competencias, sino que se sientan corresponsables de la gobernabilidad de toda España.
• Claridad jurídica: Ante el riesgo de procesos anticonstitucionales, se hace necesario un pacto que aclare qué es innegociable y qué es gestionable, evitando que el conflicto territorial sea el único motor de la política nacional.
- El papel de los jóvenes: El nuevo contrato social
Este es el punto más crítico para la supervivencia del sistema. La mayoría de los españoles menores de 65 años no votó la Constitución de 1978.
• Desafección por falta de expectativas: Para un joven actual, la Constitución no se mide por los "logros de hace 48 años", sino por su capacidad de garantizar vivienda, empleo digno y un futuro sostenible. Si la ley fundamental se percibe solo como un freno a sus aspiraciones y no como la garantía de sus derechos, la desafección se convierte en el caldo de cultivo ideal para los movimientos "antisistema" que mencionas.
• Protagonismo en la reforma: Los jóvenes no deben ser vistos como una amenaza a la estabilidad, sino como el motor necesario para la reforma. Un liderazgo inteligente debería canalizar esa energía hacia una actualización del texto que recoja preocupaciones del siglo XXI (cambio climático, era digital, precariedad) para que vuelvan a sentir la Constitución como su propio "escudo protector".
(Anónimo=Arturo Joaquín Gemini)
El análisis del Artículo 168 es clave para entender la tesis de este panfleto. Durante el siglo XIX, España sufrió constantes pronunciamientos militares, guerras civiles (carlistas) y cambios de régimen violentos porque las Constituciones eran "de partido": cada vez que un grupo político llegaba al poder, redactaba una nueva carta magna a su medida, obligando a la oposición a recurrir a la fuerza para cambiar el sistema.
ResponderEliminarEl Artículo 168 de la Constitución de 1978 —el llamado procedimiento agravado— está diseñado específicamente como una "válvula de seguridad" para evitar que el cambio político se convierta en un choque de trenes.
En el siglo XIX, las leyes fundamentales eran fáciles de derogar. El Artículo 168 impone una dificultad extrema para cambiar lo esencial (la Corona, los Derechos Fundamentales o la revisión total):
• Consenso forzado: Exige una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras. Esto impide que una mitad de España imponga un régimen a la otra mitad, algo que ocurrió constantemente desde 1812 hasta la Guerra Civil.
• Paz social: Al obligar a un acuerdo tan amplio, se garantiza que cualquier "nueva España" nazca con el mismo nivel de aceptación que la de 1978.
Una de las grandes causas de la violencia decimonónica era la falta de consulta popular real. El Artículo 168 da juego al pueblo soberano: Se aprueba la voluntad de reforma. Se disuelven las Cortes inmediatamente. Se celebran nuevas elecciones. Esto significa que el pueblo debe ratificar a los líderes que van a redactar el nuevo texto. Evita que un parlamento actual "secuestre" la soberanía y cambie las reglas del juego sin un mandato específico para ello. Es un antídoto contra el golpismo parlamentario que el autor del texto teme.
A diferencia de los cambios de régimen del pasado (que solían ser proclamaciones en plazas o cuarteles), el proceso del 168 termina obligatoriamente en un referéndum nacional. Si el resultado es positivo, la nueva constitución nace con plena legitimidad democrática. Si es negativo, el sistema actual se mantiene.
El texto advierte que si los líderes políticos deciden ignorar este artículo para ir por la vía de la "mayoría informal", están volviendo al modelo del siglo XIX: la ruptura unilateral. Cuando se ignora el 168, la ley deja de ser el terreno de juego y se pasa al terreno de la fuerza, las movilizaciones y el posible conflicto civil.
El Artículo 168 no es una barrera para impedir el cambio, sino un raíl para que el cambio no descarrile el país. El autor del "Panfleto primario" sostiene que la pericia de los líderes actuales se medirá por su capacidad de usar esta herramienta legal en lugar de saltársela, evitando así que el siglo XXI se parezca al convulso siglo XIX.